De vez en cuando se retoma el debate sobre la modernización del Estado, incluyendo propuestas de leyes y normas desde el Congreso de la República, desde ls medios de comunicación y desde algunos sectores políticos. En las últimas semanas, de nuevo se ha hablado del tema al aprobarse una nueva ley del servicio civil, una discusión sobre los funcionarios públicos, sobre la conveniencia o no de una carrera pública en el Perú, etc.

Hay que reconocer que se da una confusión y unas contradicciones no solo en el uso de ciertos términos sino también en la práctica de la gestión pública y en el comprensión de lo que es el estado y su modernización. Lo fundamental es, aunque no se suele plantear así de claro, preguntarnos qué modelo de Estado queremos para el Perú, cuáles son los mecanismos aptos y mejores para administrar tanto el territorio nacional como el conjunto de  aparatos públicos en beneficio de todos los peruanos y, también, la relación entre el Estado y el sector privado. Sin avanzar en el análisis de estos puntos, continuaremos siempre con la misma discusión y no lograremos nunca eso que llaman “modernización” del Estado peruano.

Si partimos del hecho de la administración del territorio, recordemos que, hasta los años 70 (no hace tanto tiempo…), los aparatos que se extendían por todo el territorio nacional eran solamente tres: el ejército, la iglesia católica y el sistema educativo, y cada uno de ellos de diferentes maneras e intensidad.  En la práctica, la llamada presencia del Estado se daba en zonas urbanas, con una falta de comunicación interna que se manifestaba, por poner una simple imagen,  en que teníamos dos carreteras asfaltadas: la Panamericana de Norte a Sur, y la carretera central, de Lima a Huancayo…, con muy poca o nula articulación de la economía y sus procesos productivos y comerciales, sin partidos políticos nacionales, sin ninguna otra red que pudiera ser considerada propiamente nacional.  Es en este contexto tan atrasado que funcionaba el Estado y la gestión pública, para su fiel cumplimiento, dependía más de la voluntad de las personas en lugar de una planificación ordenada y de una profesionalización de los funcionarios, además de los intereses tradicionales que se daban y se siguen dando en el manejo del conjunto del Estado.

Dando un salto, ya en los últimos 20 años, desde los 90 hasta el presente vivimos en el Perú una doble experiencia, dos procesos divergentes: por un lado, desde el modelo  neoliberal imperante, la presencia creciente de la economía, de los agentes empresariales, de las finanzas, incluyendo los organismos internacionales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, en el manejo y dirección del Estado, y haciéndolo de manera distinta a épocas anteriores dado que nadie niega que lo económico-empresarial siempre está presente en todo estado y en toda sociedad. Lo nuevo y, como sabemos, no solo en el Perú, es que lo hacen copando, desde los intereses económicos, los aparatos del Estado, promoviendo la iniciativa privada, los intereses individuales, y una gestión pública con normas de la actividad privada,  y ya no, como, en teoría se supone que debe hacer el Estado, defendiendo y atendiendo los intereses de todos los ciudadanos sin excepción, el bien común, como tantas veces repetimos.

Junto a ello, paralelamente, se ha venido dando un crecimiento de la conciencia ciudadana, con las demandas de descentralización y, en algunos niveles, de regionalización, relacionado todo ello con una comprensión diferente del Estado y, consecuentemente, de la gestión pública, exigiendo, de manera creciente una presencia del Estado en todo el territorio nacional, especialmente en las zonas más olvidadas y alejadas de la Capital,  se exige hasta una presencia física de los principales funcionarios del Estado (Presidente de la República, Primer Ministro, Ministros, etc.) cuando surgen problemas graves y se quiere llegar a soluciones reales.

Esta contradicción entre gestión del Estado desde el neoliberalismo económico-financiero y la visión y gestión del Estado desde la descentralización y regionalización se mantiene como se comprueba en los cientos de conflictos que hemos vivido y vivimos, incluyendo la corrupción en los sectores público y privado, la presencia del narcotráfico, la desconfianza en la justicia y en la policía nacional, en un marco de desigualdad real de los ciudadanos ante el Estado.

Hay que hacer un esfuerzo nacional para terminar con estas contradicciones, avanzando hacia una comprensión integral del Estado y de su conducción, incluyendo un nuevo ordenamiento territorial y una gestión pública descentralizada, dejando la tentación de una modernización autoritaria  del Estado y lograr una modernización democrática del mismo, donde el bien común sea verdaderamente el norte del funcionamiento total del Estado.

Así entendemos mejor la gestión pública y la carrera pública. Necesitamos una mayor y mejor planificación, con objetivos de mediano y largo plazo, como se ha intentado con las políticas de Estado del Acuerdo Nacional, pero con planes que se cumplan desde todos ámbitos y sectores tanto públicos como privados; necesitamos una definición más clara de las responsabilidades y funciones de cada nivel del Estado en lo nacional, regional y local; necesitamos una capacitación mayor, mejor y permanente de los funcionarios públicos con una carrera pública que favorezca la continuidad de lo bueno y deseche lo malo y lo mediocre; necesitamos, en suma, una nueva institucionalidad en el Perú que genere confianza entre los ciudadanos para que todos participemos en los grandes objetivos nacionales.

Estamos avanzando, especialmente desde el ámbito local, ya que la conciencia de ser ciudadanos con derechos y obligaciones, la fiscalización del uso de los recursos públicos, el atender las demandas inmediatas, etc. se da de manera más directa en lo local. Deberíamos recoger as múltiples experiencias de gestión y de participación ciudadana de las últimas dos décadas para aplicarlas, también, a la concepción del Estado que queremos y de su diferente funcionamiento.

Necesitamos, sin lugar a dudas, voluntad política y confianza entre los ciudadanos para analizar y debatir democráticamente las propuestas y dar el salto que todos queremos: un Estado moderno y eficaz que, democráticamente, se dedique al bien común, al desarrollo y progreso de toda la Nación.

Cusco, junio 2013.